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Bosawás es la reserva forestal más grande de América Central, la segunda más grande de América Latina, con 2,000,000 hectáreas, y la tercera a nivel mundial con un área aproximada de 7.441 km². Se encuentra ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), cubre parte de los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia, tiene una Zona de Amortiguamiento de 12,000 km² y está cercada por los límites administrativos de seis municipios adyacentes, Bonanza, Siuna, Waspam, Waslala, Wiwilí y Cua-Bocay. Fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1997.
Esta fuente de vida alberga importantes depósitos de agua; por sus venas corren ríos a los que debe su nombre, como “Bocay”, Cerro “Saslaya”, “Waspuk”, además el Coco o Wankí, el Ayapal, entre otros. Está cubierta por diversas especies forestales, bosques tropicales húmedos; tiene elevaciones en donde vive fauna abundante y biodiversidad ecológica. En este Edén nicaragüense y planetario viven más de 270 especies de plantas; muchas de las cuales tienen atributos alimenticios, ornamentales y medicinales. Es santuario de muchas aves, ente ellas quetzales, águilas, guacamayas y es colonia de felinos como el puma y el jaguar, entre otras decenas de especies animales.
Bosawás es una reserva ambiental y cultural, porque ahí habitan pueblos originarios con sus costumbres, formas de organización, cosmovisión y lenguas, como los Ramas, Mayangnas y Miskitos, en varios territorios propios como Miskito Indian Tasbaika Kum, Kipla Sait Tasbaik, Li Lamni Tasbaika Kum, Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni Bu, Mayangna Sauni Bas. Estas comunidades fueron olvidadas por muchos años por las autoridades de los gobiernos centrales, regionales y municipales, viviendo por mucho tiempo en condiciones de pobreza.
Esta reserva genera oxígeno limpio a millones de personas, contribuye a la conservación de los suelos y regula el ciclo hidrológico, absorbe y fija el dióxido de carbono que generan las ciudades de América Central, contribuyendo a la mitigación del efecto invernadero. Bosawás podría ser fuente de desarrollo económico, energético, de transporte y turismo si se usa de forma respetuosa, racional y sostenible. Este órgano de la madre tierra ha sido protegido desde tiempos remotos por los pueblos originarios; sin embargo, desde hace algunos años se encuentra amenazado, atacado y herido por diversos agentes y factores, los actos que se cometen son delitos ambientales que han quedado en la impunidad.
Entre los factores que se convierten en elementos agresivos contra estas selvas umbrófilas, tropicales y ecuatoriales se encuentran: el avance de la frontera agrícola, los asentamientos de “colonos” que están talando el bosque con sus prácticas agrícolas enemigas del ambiente, como el uso de pesticidas y las quemas; los mestizos empujados por la histórica pobreza y el hambre, los que están extinguiendo especies de animales y plantas; la deforestación ilegal de mafias madereras, con sus aserrios portátiles y las complicidades de algunas autoridades locales.
A la luz de denuncias recientes de ambientalistas e indígenas uno de los principales problemas que esta atentando contra Bosawas es que grupos de ecocidas (criminales ambientales) están traficando tierras, internados en el bosque, cercando con alambres de púas grandes cantidades de tierras, que después venden al mejor postor. Tienen parcelas georreferenciadas en el corazón de la foresta que están vendiendo como mercancías, utilizándolas inclusive para sembrar marihuana. Están depredando, deforestando y devastando el bosque, colonizando aceleradamente los territorios indígenas, según los síndicos de la naturaleza.
Estos hechos implican violación a derechos humanos como el derecho a vivir en ambientes saludables, el derecho al aire puro, al agua sana y limpia, el derecho a que se respeten los ecosistemas. Estos derechos están consignados en la Ley General de Medioambiente y los Recursos Naturales y su Reglamento, Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal y su Reglamento, entre otras. Además, son violaciones a los derechos de los pueblos indígenas como el derecho a que se respeten sus territorios, sus formas de organización, costumbres y tradiciones. Estos derechos están reconocidos en la Constitución Política, el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua y su reglamento, Ley de Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz; entre otras leyes.
Todos estos actos están considerados como delitos ambientales por el nuevo Código Penal, en su Título XV, Capítulo III, artículos 373 al 388, Delitos contra los Recursos Naturales; algunos de ellos: “Aprovechamiento ilegal de recursos naturales, Desvío y aprovechamiento ilícito de aguas, Caza de animales en peligro de extinción, comercialización de fauna y flora, incendios forestales, corte, aprovechamiento y veda forestal, talas en vertientes y pendientes, incumplimiento de Estudio de Impacto Ambiental, entre otros. Frente a esta barbarie ambiental las instituciones del Estado han desarrollado importantes acciones, como por ejemplo el Marena, ha desarrollado proyectos de conservación y preservación de la Reserva, impulso de campañas para reducir los incendios forestales, detener el avance de la frontera agrícola y la puesta en función de ocho puestos de control en los municipios de Waspam, Bonanza, Siuna, Waslala, Cua, Bocay y Wiwilí, y patrullas sobre la reserva en coordinación con la Policía y el Ejército de Nicaragua.
Los Comités Municipales de Prevención de Desastres (Comupred) y los Comités Comunales de Prevención de Desastres han hecho trabajos interesantes sobre prevención, mitigación y rehabilitación frente a desastres naturales; algunas autoridades judiciales han abierto procesos penales contra los delincuentes ambientales, sin embargo estas acciones requieren ser ampliadas y potenciadas, por medio de:
La continuidad de los procesos penales iniciados y la respectiva sanción de conformidad con las leyes.
La apertura de nuevos procesos penales contra todos los implicados en delitos ambientales.
El irrestricto respeto a los territorios de los pueblos indígenas.
La implementación de una Política Ambiental nacional de protección de los recursos naturales, combinada con Políticas Económicas y Sociales Regionales sostenibles.
La ampliación de la actuación combinada de la Policía y el Ejército para desmantelar la mafia maderera.
El reconocimiento del liderazgo y la vocería indígena en la protección de sus recursos y de su (nuestra) madre tierra.Líderes indígenas mayangnas, miskitos, hermanos Blanca, Kamilo, Agustín, Arcadio, organizaciones comprometidas con el ambiente como el Centro Humboldt, Adecomebo, Fonare y otras, sigan defendiendo este pulmón de la humanidad.
ccasaabierta@yahoo.com
Publicado en El Nuevo Diario por Carlos Emilio López el 7 de enero del 2010
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