Los diputados de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional afinan la iniciativa de Ley Especial e Integral Contra la Trata de Personas, que se estaría aprobando al finalizar octubre, confirmó este lunes el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de dicha comisión.
La normativa, que incrementa la pena de 12 a 25 años de cárcel para quienes cometan este delito por medio de amenazas, intimidación, secuestro, chantaje y uso de la fuerza, fue consultada ayer con funcionarios de los ministerios de Gobernación, de Salud, de Educación y de la Familia, además de la Cancillería.
El diputado Rodríguez aseguró que en todo el mes de septiembre estarán consultando la ley con al menos 20 organizaciones que han venido trabajando este tema través de la coalición nacional contra la trata de personas.
Agregó que con la normativa le darán un reconocimiento jurídico a la coalición nacional para también crear una comisión técnica que hará políticas de Estado para la lucha contra la trata y atención a las víctimas de este ilícito, que según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, constituye el tercer delito más lucrativo dentro del crimen organizado.
BIENES DE VICTIMARIOS
Dicha comisión estará presidida por el titular del Ministerio de Gobernación, y tendrá una secretaría ejecutiva que la encabezará la jefa o jefe de la Policía Nacional, y deberá reunirse de forma ordinaria cada tres meses, y extraordinariamente cuando cuatro o más de sus integrantes lo soliciten.
Rodríguez señaló que la iniciativa también busca que los bienes incautados al crimen organizado que se dedica a la trata de personas, sean ocupados para restituir los daños a las víctimas.
“Muchas veces hay tantos bienes hechos con la explotación, con el turismo sexual, entonces queremos que también respondan los bienes del crimen organizado por los daños ocasionados”, dijo.
LEY CON ATENCIÓN
Según el diputado sandinista Carlos Emilio López, un aspecto novedoso que tiene esta ley es que establece una serie de medidas de atención integral a las víctimas de este delito.
“No solo es una ley que va a castigar a los tratantes, a los negociantes, a los comerciantes, sino que además establece medidas de atención primaria y secundaria de las víctimas.
Añadió que la ley instituye, además, mecanismos de cooperación y de coordinación para que cuando las víctimas de trata de personas sean llevadas a otra nación por el crimen organizado, sean retornadas al país y se establezcan mecanismos de protección para que no sean revictimizadas.
LAS PENAS
El nuevo proyecto de Ley, propone reformar el artículo 182 del Código Penal para establecer prisión de 12 a 15 años y multa de mil días para quienes cometan el delito por medio de amenazas, intimidación, secuestro, chantaje, uso de la fuerza, y cuando el victimario cometa la violación valiéndose de una situación de vulnerabilidad de la víctima.
Asimismo, propone una pena de 15 a 20 años y multa de mil días a quienes cometan el delito contra una persona menor de 18 años y mayor de 60; o una persona proveniente de los pueblos originarios o afrodescendientes, y personas con discapacidad.
Esa misma pena será aplicada a los familiares, tutor, encargados de educación, guarda o custodia, guía espiritual, líder religioso, que cometan el delito contra una persona con quien comparta permanentemente en el hogar o con la que medie una relación de confianza.
La iniciativa también crea un fondo para la prevención, atención y protección a víctimas del delito, así como la investigación, persecución y sanción, que será administrado por el presidente del comité. Las fuentes de financiamiento del fondo vendrán de los recursos establecidos en el Presupuesto General de la República para las instituciones que forman parte de la Coalición Nacional.
La trata de personas y delitos conexos constituye el tercer delito más lucrativo dentro del crimen organizado, según las Naciones Unidas.
Publicado en El Nuevo Diario por Miguel Carranza el 9 de septiembre del 2014.
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