Justicia para adolescentes ¿Premio o castigo?

• Un adolescente roba la cartera a una mujer en una parada ¿Qué se hace? ¿Perseguirlo o dejarlo ir? ¿Denunciarlo o no perder el tiempo en la Policía? Aquí puede encontrar las respuestas

Las charlas educativas son una de las medidas que deben cumplir
 los adolescentes que están sancionados por la ley. En esta gráfica 
aparecen jóvenes recibiendo orientación de un profesor 
de Casa Alianza, aunque no todos son adolescentes en 
conflicto con la ley.

Fotos de La Prensa/ Miguel Lorío/ Cortesías

A los 17 años Pedrito ayudó a Juan, otro adolescente de su misma edad, a matar a una persona. Hoy, dos años después, Pedrito no está preso, pero tampoco ha huido de la justicia, sino que estudia y cursa el cuarto año de secundaria.

Después de cometer el crimen, en la mente de Pedrito resonaban las palabras de su cómplice: “Agarralo, agarralo”. Intentó suicidarse. No pudo.

El día del hecho estaba tomando licor con otros jóvenes en una calle de Diriamba, pero el “veneno” se les acabó. En la oscuridad de la noche vieron a un hombre que caminaba tambaleándose hacia el sector donde estaban ellos. Juan prometió que en ese mismo instante conseguirían más dinero para comprar licor y junto a Pedrito se dirigió al caminante.

Como la víctima se resistió al asalto, Juan ordenó a Pedrito que lo sujetara. Una cuchilla atravesó la piel del infortunado y le llegó al corazón. No hubo tiempo ni de llamar a una ambulancia.

Pedrito y Juan, nombres ficticios de ambos adolescentes, fueron procesados por homicidio en el Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes de Jinotepe, donde se les dictó sentencia de responsabilidad penal y se ordenó que fueran recluidos en el Sistema Penitenciario de Granada, en un pabellón donde están presos los adolescentes, separados de los reos adultos.

Juan actualmente sigue preso. Su sentencia es por cinco años. Es rebelde, irrespeta a sus compañeros de celda y a las autoridades penitenciarias. Pero Pedrito, cuya sentencia era de tres años, sólo estuvo recluido un año y medio.

Pedrito ahora vive en una comunidad de Rivas. Semana a semana tiene que estar presentándose en el Juzgado de Adolescentes de Jinotepe y para ello se levanta a las 4:00 de la mañana, camina siete kilómetros hacia el pueblo más cercano, aborda un bus hacia la ciudad de Rivas y luego otro hacia Jinotepe.

“Viene (al Juzgado) más puntual que los otros adolescentes que viven aquí (en Carazo)”, dice la sicóloga del Juzgado, Martha Hernández.

La funcionaria del Poder Judicial señala que Pedrito demostró actitudes diferentes a las de Juan y por eso en año y medio le dieron la oportunidad de salir de la cárcel para que estudiara. “Es el mejor alumno de su clase”, asegura Hernández. En seis meses más habrá cumplido la condena y estará listo para ser reinsertado en la sociedad.

José Ángel (nombre ficticio), de 17 años, se levanta muy temprano todos los días en el que desde hace casi tres años es su hogar, el Ministerio Peniel, un albergue ubicado en el municipio de La Conquista, departamento de Carazo.

Allí lleva una vida ocupada pero tranquila. A veces cultiva flor de jamaica, otras veces ayuda en la construcción de una pila para criar tilapia, o también se le puede encontrar dando de comer a los cerdos que se engordan en el hogar. Además, desde hace dos años está estudiando y tiene excelentes notas.

Brindar servicio a la comunidad o aprender un oficio son medidas que ayudan a reeducar al adolescente que ha delinquido y son de las medidas más frecuentes que imponen los jueces. A la izquierda, un grupo de jóvenes construye una pila para cultivar tilapia, en el hogar Ministerio Peniel, en La Conquista, Carazo. A la derecha, jóvenes aprenden el oficio de carpintería en la Escuela Taller de Masaya.

Según Frank Vallejos, director de Peniel, el promedio académico de José Ángel es de 95 puntos. “Es excelente alumno”, afirma Vallejos.

¿Por qué estás en este lugar?, se le pregunta a José Ángel.

“ ¿No me podría reservar eso?”, responde, y comienza a explicar que en el Ministerio Peniel está aprendiendo a relacionarse con Dios.

“Aquí estoy aprendiendo muchas cosas. Yo vengo de una familia (de Jinotega) muy cómoda y no sabía hacer nada”, comenta José Ángel.

Su silencio acerca de cómo llegó al Ministerio Peniel tiene una explicación triste: A los 14 años fue procesado por haberle dado muerte a su propio padre.

La familia de su padre se sintió indignada cuando a los tres días la Policía lo dejó libre. “Es mi sobrino, pero no lo perdono por lo que hizo. ¿Cómo es posible que haya hecho esto, si aquí él era muy querido?”, dijo su tío, hermano de su papá, según publicó un diario nacional.

José Ángel estuvo libre todo el tiempo que duró el juicio que se le llevó por parricidio. Al final recibió sentencia de responsabilidad penal y se le mandó tres años de reclusión en el Ministerio Peniel.

El adolescente explicó que, aunque lo tenía todo, poco a poco vino perdiendo relación con su familia.

En Peniel está conociendo que su vida tiene un propósito y ahora está pensando realizar estudios de agropecuaria. “Me gusta el campo”, dice.

Se le conoce como justicia restaurativa o justicia especial penal de adolescentes. Su base fundamental es el Código de la Niñez y la Adolescencia, duramente criticado en sus inicios, a finales de los año 90, supuestamente porque iba a crear impunidad entre los adolescentes que infringieran las leyes.

El objetivo principal de este tipo de justicia especial es que los adolescentes y jóvenes, de entre los 13 años cumplidos y los 18 no cumplidos, no vayan a la cárcel cuando cometan delitos, sino que sean reeducados y preparados para reincorporarse a la sociedad.

La juez Distrito Penal de Adolescentes de Granada, María Monterrey, explica que todavía las personas que han sido víctimas de delitos cometidos por adolescentes solo saben pedir cárcel para éstos últimos.

De acuerdo con la judicial, la sensación de la población es que los adolescentes “pueden hacer lo que quieran” y no serán castigados, algo que Monterrey niega, porque a los jóvenes que cometen delitos se les hace conciencia que sus actuaciones son incorrectas y necesitan repararlas.

La juez de Granada manifiesta que a las víctimas se les toma en cuenta a la hora de dictar una medida a los adolescentes que infringen las leyes y se busca cómo sus derechos sean también respetados.

La secretaria de actuaciones del Juzgado Distrito Penal de Adolescentes de Jinotepe, Marjorie Breck, revela que las víctimas se van molestas porque la juez no manda a la cárcel a los adolescentes acusados.

“Con el adolescente lo que se procura es un cambio (en sus vidas)”, dice Breck.

La directora de la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales a los Adolescentes (OEVSPA) de Jinotepe, Mirsa Doña, explicó que una forma de ayudar a los adolescentes es también trabajar con su familia, para que se restablezcan los vínculos familiares que son importantes para la rehabilitación del adolescente en conflicto con la ley.

Monterrey señala que recientemente juzgó a un adolescente de 15 años que violó a un niño de seis.

“No lo eché preso, pero le apliqué varias medidas”, dice Monterrey, quien indica que al adolescente lo mandó a que se matriculara en la escuela, que cambiara de residencia para no estar cerca de la víctima y que recibiera charlas educativas, entre otras medidas.

En un estudio psicosocial se descubrió que el adolescente abusador a su vez había sido víctima de un abuso sexual en su niñez.

La judicial también manifestó que el juzgado también se preocupó por brindar atención al niño víctima de la violación y a su familia.

El funcionario de Casa Alianza, Medardo Solís, señaló que sí es cierto que las personas sienten sensación de impunidad en los adolescentes que cometen delitos, pero se debe a la falta de información, ya que la justicia restaurativa lo que pretende es que esos jóvenes que delinquen recuperen los valores que han perdido.

Solís agrega que cuando el adolescente comete un delito, en algunas ocasiones lo hace obligado y se convierte en una víctima, principalmente del sistema.

El funcionario de Casa Alianza también recalcó que la justicia otorga grandes beneficios a grandes criminales, y con mayor razón se debe beneficiar a los adolescentes, pero no para que gocen de impunidad, sino para que se les reeduque y se les reinserte en la sociedad.

Son tres los tipos de medidas que los jueces pueden aplicar a los adolescentes que cometen delitos: primero, las socioeducativas; segundo, las de orientación y supervisión; y por último la privación de libertad (prisión).

La directora de la Oficina Técnica para el Seguimiento del Sistema Penal de Adolescentes (OTSSPA) del Poder Judicial, Marielos Medal, explicó que la prisión o privación de libertad es la última de las medidas que los jueces consideran aplicar a los adolescentes que han cometido delitos.

De más de ocho mil 300 personas que están privadas de libertad en todas las cárceles de Nicaragua, solo 101 son adolescentes, revela Medal.

Según Medal, se priorizan las medidas socioeducativas, las cuales consisten en que el adolescente reciba una atención integral, que sea examinado por sicólogos e interventores sociales, y especialmente que estudie, ya sea en la educación formal o aprendiendo un oficio.

Los jueces envían a los adolescentes a que brinden servicio a la comunidad y en ocasiones, cuando es posible, a que reparen el daño que han causado cuando cometen delitos.

Cuando los adolescentes tienen adicción a las drogas, entonces se les aplican medidas de orientación y supervisión, que consisten en internarlos en centros de rehabilitación.

Además, a todos los adolescentes sancionados se les brindan charlas junto a sus familiares.

Cuando los adolescentes incumplen las medidas no privativas de libertad, los judiciales ordenan su captura y se les imponen sanciones de tres meses de prisión.

Desde noviembre del año 1998, cuando se comenzó a impartir la justicia penal de adolescentes, hasta en agosto del pasado 2010, en los Juzgados del país se han tramitado un total de 42 mil 358 causas de adolescentes, según revela un informe de la OTSSPA, ubicada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El 95 por ciento de dichas causas ha sido resuelto y sólo hay pendiente un cinco por ciento, “un índice alto de eficiencia y efectividad”, comenta el ex procurador de la Niñez y la Adolescencia, Carlos Emilio López.

“Es falso que el Código de la Niñez y la Adolescencia cree impunidad”, alega López, quien señala que de no existir la justicia especial de adolescentes, a estos últimos sólo serían juzgados de los 15 años de edad en adelante, ya que la Constitución Política considera menores de edad a quienes tienen menos de 15.

En el mismo tiempo (de noviembre 1998 a agosto 2010) se han dictado dos mil 347 sentencias de responsabilidad penal a los adolescentes, de las cuales 150 han sido de orientación, 58 de amonestación y advertencia, 292 de libertad asistida (el adolescente tiene que estar matriculado en la escuela), 139 de servicio a la comunidad, 47 de reparación de daños.

También 79 de instalarse en una residencia lejana de donde se cometió el delito, 230 de alejarse de las víctimas, 242 de no asistir a bares, 179 de matricularse en centros educativos, 76 de incluirse en programas ocupacionales, 185 de no ingerir licor y 37 de internarse en albergues.

Además, 54 sentencias han sido de detención domiciliar y 217 en cárceles para adolescentes.

Una de las condiciones indispensables para que la justicia penal de adolescentes o justicia restaurativa pueda funcionar correctamente es que existan en todo el país al menos dos centros especializados para atender a los adolescentes que han cometido delitos. No hay ninguno.

¿Cómo hacen los jueces para aplicar las medidas a los adolescentes?

En el hogar Ministerio Peniel los jóvenes cocinan su propia comida, dirigidos por un cocinero. En este hogar también cultivan flor de Jamaica con la que hacen jalea para consumo propio. Abajo, jóvenes de la Escuela Taller de Masaya. La recreación también es importante en el tratamiento de los adolescentes.

En el caso de las medidas no privativas de libertad, los judiciales se auxilian con las alcaldías y organismos de socorro como los Bomberos y la Cruz Roja, adonde son enviados los adolescentes para que realicen servicios a la comunidad.

También envían adolescentes a hogares y centros de rehabilitación, donde son internados y a través de la OEVSPA de cada juzgado se le da un seguimiento al interno. En Carazo están el Ministerio Peniel y Hogar de Rehabilitación del Adicto (Hodera), así como El Patriarca.

En Managua funciona Casa Alianza, donde se interna a los adolescentes que han cometido delitos menos graves, Remar, Hogar CREA, el Centro Juvenil Don Bosco, Los Quinchos, entre otros. En total son más de 100 centros en todo el país.

La juez de Distrito Penal de Adolescentes de Granada, María Monterrey, señala que el problema de todos los centros de rehabilitación que existen en el país es que son de “puertas abiertas”, es decir, a la hora que el adolescente lo pida, lo dejan que se vaya.

La directora de Casa Alianza, María José Argüello, explica que en el caso de los adolescentes que exijan que ya no quieren estar en dicho centro de rehabilitación, se les trata de persuadir para que se queden, pero cuando ya se hace imposible convencerlos, inmediatamente se envía un informe al Juzgado de donde fueron remitidos para que se tomen medidas al respecto.

A la Escuela Taller de Masaya han sido remitidos al menos 12 adolescentes que han cometido delitos y llegan a aprender oficios como carpintería, ebanistería, electricidad residencial, forja artística, albañilería y soldadura.

La directora de la Escuela Taller, Claudia Fernández, expresa con orgullo que ocho de los 12 adolescentes ya han completado su preparación técnica y han sido reinsertados en la sociedad.

Fernández los recuerda a todos, especialmente a “Jorgito”, quien en una de las clases dañó una herramienta bien costosa y a la directora la puso en una encrucijada, ya que se debía sancionar a cualquier alumno que causara algún daño a las maquinarias.

Pero Fernández no podía hacer pagar la herramienta a “Jorgito” porque éste era de escasos recursos y además su situación era especial por ser un adolescente sancionado por la ley, algo que nadie en la Escuela sabía. Al final “Jorgito” se graduó, pero no subió en la promoción.

Hoy en día Fernández recibe en ocasiones la visita de “Jorgito”, quien ahora está casado y ya le llegó a mostrar a la profesora su bebé recién nacida.

La juez Monterrey es del criterio de que en el país se necesita con urgencia al menos un centro especializado que sea de “puertas cerradas”, igual que las cárceles del Sistema Penitenciario en el sentido de que los adolescentes no se podrán escapar ni desertar del mismo, pero diferente en que la atención será especializada.

En el caso de las medidas privativas de libertad, los judiciales mandan a los adolescentes a los sistemas penitenciarios del país, pero en sólo cuatro de ellos los adolescentes están separados de los adultos, el de Managua, el de Granada, el de Bluefields y el de Chinandega. En el resto los adolescentes se mezclan con los reos adultos, muchos de ellos de suma peligrosidad.

La directora de la OEVSPA de Masaya, Maricela Marín, y el interventor social del Juzgado Penal de Adolescentes de esa ciudad, explican que en el Penitenciario de Granada existe un pabellón separado de las cárceles de adultos y que es exclusivo para los adolescentes, pero aún así tiene muchas limitaciones.

Lo ideal, explican ambos funcionarios, es que la cárcel para los adolescentes esté en un sitio diferente de donde están los reos adultos.

Marín manifiesta que ese pabellón no reúne todas las condiciones necesarias. Existe un rincón de lectura y esparcimiento, pero adolece de personal especializado. El mismo personal que atiende a los adultos es el mismo para los adolescentes.

Carlos Emilio López, especialista en temas de la niñez y adolescencia, asegura que el tener separados a los jóvenes de los reos adultos es un avance, pero aún se necesitan más cambios.

El pabellón del Sistema Penitenciario de Tipitapa, en donde están recluidos los adolescentes sancionados por la ley, tiene historia propia. Fue donado por Japón para oficinas administrativas, pero cuando cayeron presos “los de corbata” (Byron Jerez, Arnoldo Alemán y compañía), se les acondicionó a ellos como cárceles. Estos reos por su privilegiada posición económica acondicionaron el pabellón y hasta les colocaron aire acondicionado e inodoros nuevos a las celdas.

La directora de la OTSSPA de la CSJ, Marielos Medal, relató que cuando los reos “de corbata” abandonaron el pabellón, el Poder Judicial pidió al Ministerio de Gobernación (Migob) que el mismo fuera utilizado para los adolescentes sancionados por la ley.

Medal asegura que la justicia penal de adolescentes está a la vanguardia en avances y mejoras con respecto a otras materias de justicia. Pero las carencias y retos siguen presentes, el Estado aún está en deuda con los adolescentes.

Publicado en La Prensa por Eduardo Cruz el 30 de enero del 2011