6 de abril de 2015

Exigirán ley de la pensión reducida

La Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) pedirá que se incremente el monto económico del primer rango de la pensión reducida de 1,200 córdobas  hasta la mitad del salario mínimo, es decir C$1,900.
LA PRENSA/ Douglas López

Este 18 de marzo la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) presentará ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley de reforma del decreto presidencial número 28 del 2013, que otorga la pensión reducida de vejez a los adultos mayores que no alcanzaron las 750 semanas cotizadas establecidas en la Ley de Seguridad Social.

Porfirio García, presidente de la UNAM explicó que el anteproyecto de ley pretende ampliar los rangos de las personas que reciben pensión reducida en correspondencia a las cotizaciones que aportó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y al salario mínimo vigente de la industria manufacturera establecido en 4,062.79 córdobas.

Según García el primer rango correspondería a las personas que alcanzaron de 250 a 349 cotizaciones deben obtener el cincuenta por ciento del salario mínimo. En el segundo rango estarían las personas que lograron 350 a 449 cotizaciones obtendrán un 62.50 por ciento.

En el tercer rango estarían las personas que lograron obtener de 450 a 549 semanas cotizadas, a quienes se les otorgaría un 75 por ciento. Luego en cuarto rango las personas que alcanzaron entre 550 y 649 cotizaciones tendrían un 86 por ciento.

Finalmente las personas que lograron entre 650-750 cotizaciones se les otorgaría el cien por ciento.

SEGURIDAD JURÍDICA

Octavio Granja, miembro de la junta directiva de la UNAM dijo la organización está recepcionando las firmas de sus afiliados para respaldar la iniciativa, pues se necesitan cinco mil firmas.

“Esta sería una ley no un decreto presidencial. Ya nos pasó en una ocasión, durante el gobierno de doña Violeta, la pensión reducida fue abolida”, dijo Granja.

El diputado de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Emilio López, aseguró que el decreto ejecutivo que ordena pagar la pensión reducida a los adultos mayores es un decreto “al más alto nivel” con “fuerza jurídica y normativa” para que sea de “obligatorio cumplimiento”.

Para López no hay diferencia de peso entre el decreto y la ley porque explicó que “el poder legislativo tiene la facultad de crear leyes y el poder ejecutivo tiene la facultad de crear decretos”.

Además dijo que lo preocupante sería si no estuviese incluido en una norma jurídica y si no se estuviese cumpliendo, pero “se está cumpliendo en una norma jurídica”.

Por su parte, el diputado opositor Víctor Hugo Tinoco miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) ve poco probable que el Gobierno haga ley la pensión reducida, recordando lo difícil que fue el hecho de que se aprobara este derecho en 2013.

“Yo creo que esa es una demanda correcta, pero habría que ver si el Gobierno va querer escucharlo, acordate que la otra vez la otorgó hasta que se empezaron a juntar adultos mayores con sectores jóvenes”, recordó Tinoco.

Publicado en La Prensa por Carla Torres y Leonor Alvarez el 10 de marzo del 2015.

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