El mandatario Daniel Ortega calificó de histórico ese paso, porque incluyó en la ley de leyes los límites territoriales certificados en noviembre de 2012 por la CIJ al restituir la soberanía sobre más de 90 mil kilómetros cuadrados en el litigio frente a Colombia.
"Estoy seguro que estas transformaciones traerán mayor tranquilidad, más seguridad, paz, alegría y esperanzas al pueblo nicaragüense", sostuvo el también líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Las modificaciones contaron con la aprobación de 64 diputados -otros 26 votaron en contra-, después de un proceso de consultas con partidos políticos, líderes religiosos, el Ejército, la Policía Nacional, dirigentes sindicales y empresarios privados.
La diputada Alba Palacios, quien presidió la comisión evaluadora de estas transformaciones, dijo que aunque sectores de la oposición refieren la falta de un nivel más amplio de consultas, lo cierto es que más de medio millón de nicaragüenses participaron en el análisis.
Añadió que muchos lo hicieron directamente en el parlamento y otros elaboraron estudios e iniciativas que hicieron llegar al poder legislativo y fueron evaluadas.
Palacios aseguró que al reformar 49 artículos, la iniciativa legal fortaleció la democracia, la seguridad jurídica, y constitucionalizó la política de diálogo tripartito entre el Gobierno, los trabajadores y la empresa privada.
Los cambios consolidan el modelo "cristiano, socialista y solidario" del gobierno sandinista en aras de proteger los derechos de la ciudadanía y la participación directa de trabajadores y empresarios privados en la toma de decisiones, estimó la legisladora.
La propuesta inicial fue presentada oficialmente en noviembre a la Asamblea Nacional por el gobernante FSLN, y a partir de entonces los adversarios del gobierno concertaron una campaña mediática contra la propuesta.
Las críticas opositoras estuvieron dirigidas contra la posibilidad de reelección del presidente Ortega, la supuesta militarización de cargos públicos y el debilitamiento de la separación de los poderes del estado.
En el plenario, 14 diputados del Partido Liberal Independiente y del Movimiento de Renovación Sandinista hablaron por más de una hora, e incluso el legislador Armando Herrera utilizó palabras ofensivas contra sus colegas oficialistas.
El jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, recordó en los debates que tras los comicios de 1990, en los cuales Ortega se postuló a la reelección y perdió, el FSLN reconoció el triunfo de los opositores y entregó el poder sin ninguna resistencia.
Añadió que la reelección tiene dos aristas: la de los alcaldes y la del presidente, pero en realidad esto no es producto de la reforma, sino de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual hace tres años dictaminó que había una contradicción entre dos Normas Constitucionales.
La CSJ tenía que ver cuál era la aplicable ante un recurso introducido por el Presidente y 109 alcaldes, quienes reclamaban sus derechos como ciudadanos.
Fue entonces, según Edwin Castro, que el alto tribunal determinó que prevalecía el estatuto de Derecho Constitucional, el cual planteaba la igualdad en la acción política de todos los nicaragüenses, y decidió que era aplicable el artículo de Derecho Fundamental, y por tanto no era factible impedir la reelección.
En este aspecto el líder de la bancada parlamentaria del FSLN resaltó que hubo un proceso de consultas, en el cual distintos sectores, entre ellos los más beligerantes desde el punto de vista mediático, expresaron sus críticas y preocupaciones, como es el caso de la Iglesia Católica y la empresa privada.
Sin embargo, hubo aportes significativos de la agrupación sindical Frente Nacional de Trabajadores, del Procurador General de la República, del Ministerio Público, las iglesias, el sector privado, que fueron incorporándose a la propuesta legislativa. Por indicaciones del presidente Ortega, cualquier aspecto sobre el cual hubiese resistencia en la población o sectores importantes de la sociedad, "lo revisamos con lupa para ver si se podía quitar y se eliminaron varias cosas y se arreglaron otras", acotó Castro.
Entretanto, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez, consideró que la reforma consolidará la institucionalidad en el país, incluida la posibilidad de que el presidente de la República pueda postularse para la reelección, porque en definitiva es el voto popular quien decide finalmente.
Al respecto, en su informe anual sobre el trabajo legislativo presentado el 15 de diciembre, el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, afirmó que muchas de las críticas a estas iniciativas no tienen sustento jurídico.
Núñez resaltó que los cambios constitucionales, los cuales deben ser confirmados en una segunda legislatura en enero o febrero del año próximo, refrendaron la política de consenso impulsada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que permite vencer las enormes dificultades enfrentadas por la sociedad.
Destacó que otro aspecto importante en estas reformas parciales es la posibilidad elevada a rango constitucional de que militares y policías trabajen en el área civil bajo la figura de comisión de servicio o tras su retiro.
"Estamos convencidos de que ellos tienen formación académica y experiencia que no pueden ser despreciados y si son útiles en la vida civil serán bien acogidos allí", afirmó.
Pero los opositores también quisieron levantar escollos contra esta propuesta, con el pretexto de que el gobierno pretende militarizar la sociedad.
Según Núñez, este planteamiento es erróneo, porque desde 1992 la Ley Orgánica de la Policía Nacional, aprobada bajo la administración de Violeta Chamorro, se permite la participación de integrantes de esa institución en el área civil, pero ahora esto adquiere rango constitucional, al igual que para el Ejército.
El presidente del Parlamento consideró además que en la reforma parcial a la Constitución Política "no hay ni una sola adición" a las atribuciones y derechos del presidente de la República y ni una sustracción a las facultades y funciones del Poder Legislativo.
Consultado sobre las críticas de diversos sectores de la sociedad y de partidos políticos en el sentido de que las transformaciones aprobadas concentran más poder en el Ejecutivo, Núñez aseguró que "tanto las funciones del presidente y del Poder Legislativo están incólumes".
"Lo que hay de nuevo es la introducción de una serie de elementos jurídicos, de leyes, que el tiempo nos obliga poner ahí, porque la última reforma sustantiva a la Carta Magna fue en el año 1995", valoró.
La mayor parte del debate público en torno a las reformas constitucionales en Nicaragua se dedicó a los temas mencionados, sin embargo, también hubo un asunto vital que se incluyó: la lucha por la igualdad de género.
Al respecto, el diputado Carlos Emilio López, vicepresidente de la comisión de la mujer, la niñez, la juventud y la familia, estimó que con la aprobación de las Reformas Constitucionales habrá que modificar la Ley Electoral, la de Municipios, y sustituir la Ley de Amparo por una de Justicia Constitucional.
También se elevó a rango de la ley de leyes la paridad y equidad en los cargos de elección popular, pues las mujeres tienen que ocupar el 50 por ciento de los puestos electivos y los hombres la otra mitad, a nivel de alcaldías, así como en el parlamento, diputaciones departamentales y otros cargos.
López agregó que la Junta Directiva del Parlamento aprobó la implementación de la política de igualdad, como requisito básico en el proceso de discusión de los proyectos de leyes.
Cualquier propuesta legislativa que se apruebe debe incluir los temas, derechos, demandas, reivindicaciones y necesidades de las mujeres en todas las comisiones de la Asamblea Nacional, sin excepción.
Recordó que según un estudio del Foro Económico Mundial sobre igualdad de género, emitido en octubre de 2013, Nicaragua ocupa el puesto número 10 en el mundo y el primero en Latinoamérica en equidad entre hombres y mujeres.
Pero una de las definiciones más claras sobre la importancia de los cambios a la ley de leyes fue esbozada durante los debates en el plenario por el diputado Jaime Morales Carazo, exvicepresidente de Nicaragua.
El legislador dijo que las reformas a la Carta Magna son democráticas, promueven el respeto a la empresa privada, los derechos humanos y las libertades ciudadanas.
Afirmó además que el espíritu de estas propuestas está muy lejos de las denuncias del supuesto estatismo que alega la oposición, y agregó que el Socialismo promovido por el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional busca el bien común y el bienestar duradero del pueblo nicaragüense.
*Corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua.
Publicado en www.tercerainformacion.es por Roberto García Hernández el 30 de diciembre del 2013.
Publicado en www.tercerainformacion.es por Roberto García Hernández el 30 de diciembre del 2013.
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