La modificación propuesta por el tribunal de justicia se refiere únicamente a tres artículos de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres: el artículo 46 y adiciones que se harán a los artículos 30 y 32
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional remitió este jueves a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la propuesta de modificación a la Ley 779, presentada el lunes por el secretario de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en la cual se pretende incluir el artículo 155 del Código Penal, referido a la violencia doméstica e intrafamiliar, para que los jueces puedan procesar a otros miembros de la familia --como la mujer-- cuando ejerzan violencia contra un menor, un anciano o contra un hombre.
Ayer fue leído al plenario la propuesta de modificación que presentó la CSJ, y el presidente del Legislativo, el diputado René Núñez Téllez, la remitió a la Comisión de Justicia para que esta haga las consultas respectivas con la Comisión de Asuntos de la Mujer
La modificación propuesta por el tribunal de justicia se refiere únicamente a tres artículos de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres: el artículo 46 y adiciones que se harán a los artículos 30 y 32
Jueces de audiencia también resolverán
La adición al artículo 30 que propone la CSJ, dota de competencia a jueces penales de audiencia y a otros jueces para conocer delitos contemplados en la Ley 779 en aquellos municipios o departamentos donde no hay todavía juzgados especializados en violencia de género.
En tanto, la propuesta de adición al artículo 32 incorpora el artículo 155 del Código Procesal Penal, referido a la violencia doméstica o intrafamiliar para que los jueces especializados en violencia puedan conocer este tipo de delitos que se cometen contra otros miembros de la familia, tales como la violencia que pueda cometer una mujer hacia un menor, un anciano, o contra los mismo hombres.
Mediación es voluntaria
El diputado Carlos Emilio López, vicepresidente de la Comisión de la Mujer, dijo que en esta iniciativa de reforma la mediación es voluntaria, es decir, que si la fémina no quiere mediar no hay mediación
“Otro elemento es que no hay mediación ante la Policía, la Policía no tiene facultades, solamente se puede mediar ante el Ministerio Público o ante el juez, si se media ante el Ministerio Público el fiscal que presencia y certifica la mediación tiene que inscribirla ante una autoridad judicial, y esa autoridad judicial tiene que darle seguimiento, porque si el agresor incumple el acuerdo de mediación inmediatamente se activa el proceso penal contra él”, aclaró el diputado López.
Comisión hará plan de trabajo
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Irma Dávila dijo que ahora que la propuesta de modificación a la Ley 779 está en su comisión hará un cronograma de trabajo para analizar con las instancias involucradas.
“Hay que dejar claro sí, que no podemos mediar el femicidio, no podemos mediar aquí las lesiones graves y no podemos mediar cuando está en juego la vida de una mujer, porque mientras haya violencia no hay igualdad”, dijo Dávila.
Según el secretario de la CSJ, Rubén Montenegro, la modificación al artículo 46 y la adición que se pretende a los artículos 30 y 32, es una voluntad recogida de la opinión de la misma población nicaragüense, y esta no responde a intereses de ningún grupo político o religioso del país.
Mujeres rechazan reforma
Diez organizaciones de mujeres del Norte, Centro, Occidente y Caribe del país rechazaron ayer las reformas referentes a la mediación, plasmada en el artículo 46 de la Ley 779. Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra”, dijo que de ser aprobada la reforma, la sangre de los femicidios que ocurran tras la mediación, será responsabilidad de los magistrados y de los diputados.
“Nuevamente nos vamos a las calles para hacer valer nuestros derechos, por una ley que fue ampliamente consultada y aprobada por todos los diputados por unanimidad y que según una encuesta de M&R es respaldada por el 87.1 % de las mujeres y el 76.1 de los hombres”, dijo Ramos junto a Marlene Rodríguez, de Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario de Matagalpa, quien dijo que no hay sustento estadístico para una reforma.
María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, aseguró que volverán a las calles para reclamar por los derechos consignados en la 779 y comenzarán un cabildeo con los diputados para que no se apruebe.
Publicado en El Nuevo Diario por Miguel Carranza y Rafael Lara el 30 de agosto del 2013.
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