La Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer (Ley 779) y la reforma a la Ley 641 Código Penal, con las cuales se tipificó el delito de feminicidio en Nicaragua, cumplieron su primer año con pasos para consolidar los objetivos del dispositivo legal.
El 22 de junio de 2012 este país centroamericano se convirtió en el séptimo del continente –después de México, Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador y Perú– en definir y condenar todos los tipos de violencia contra las mujeres: física, psicológica, sexual y laboral.
Con la aprobación de la Ley 779, el gobierno sandinista confirmó su disposición de dar un impulso mayor al proceso de protección de los derechos a más de la mitad de la población.
Poco después de la aprobación de ese cuerpo jurídico se crearon una Comisión Nacional Interinstitucional y un observatorio estatal para dar seguimiento a la problemática.
Pese a que todavía quedan detalles por afinar respecto a lo establecido en la norma, a partir de su entrada en vigencia aumentaron las denuncias de los abusos contra las nicaragüenses, sobre todo en los hogares.
Del 21 de junio de 2012 al 28 de mayo de 2013, 7 mil 500 hombres fueron acusados por maltratos –según la Corte Suprema de Justicia (CSJ)–, lo que supone el aumento de la confianza de las mujeres para denunciar a sus agresores al saberse respaldadas legalmente.
También desde la entrada en vigencia de la Ley 779 pudo conocerse con más claridad la cantidad de asesinatos cometidos contra las nicaragüenses, casi siempre por sus parejas masculinas, apegados al concepto machista de que estas deben subordinárseles en todos los aspectos.
Esa visión prevalece en la sociedad nicaragüense pese a los esfuerzos de las autoridades por lograr la plena incorporación de las mujeres a las actividades productivas, a puestos de poder y a la sociedad en general.
Tales conceptos están en el sustrato de los 89 casos de feminicidio reportados este año, un promedio de uno cada cuatro días, por Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones civiles.
En el IV Encuentro Nacional por la Salud y la Vida de las Mujeres, celebrado el 29 de mayo en Managua, delegadas de esas agrupaciones informaron que cada año mil 500 niñas menores de 14 años dan a luz y muchas de ellas quedaron embarazadas por una violación.
Según el Movimiento de Mujeres 28 de Septiembre, solo en el primer trimestre de 2013 las comprendidas en ese rango de edad abusadas sumaron 83 y de ellas, nueve quedaron embarazadas.
BATALLA LEGAL
Algunos religiosos, abogados y ciertos ciudadanos hacen oídos sordos antes esas cifras y abogan por flexibilizar la Ley 779. Parte de ese grupo minoritario sugiere suprimir o transformar su artículo 46, que prohíbe la mediación entre agresores y víctimas, mientras otra fracción sugiere barrer con la norma.
Registros de la CSJ dan cuenta de unos 30 recursos por inconstitucionalidad presentados contra la legislación.
Los que así actúan parecen olvidar que la ley está bien fresca como para hablar de reforma y habría que preguntarle a ese 52 por ciento de mujeres en Nicaragua, si realmente quieren mediación, señaló la jefa de las Comisarías de la Mujer, Erlinda Castillo.
En el centro de este debate, concuerdan especialistas, hay una posición ideológica asociada a una cultura patriarcal que acepta las desigualdades como naturales y desde esta concepción, sólo existen las necesidades del grupo de hombres con poder, para quienes las mujeres no existen.
Esta forma de ver el mundo se expresa en leyes supuestamente neutrales que tutelan derechos mediante soluciones aparentes, donde el hombre es el referente de lo humano, explicó la titular de la CSJ, Alba Luz Ramos, a Prensa Latina.
Para la magistrada, la Ley 779 superó esa visión limitada e introdujo cambios en el modo de entender la palabra y el contenido de la igualdad, concebida ahora como final y no como punto de partida.
Esta persigue cumplir con los preceptos de igualdad formal e igualdad real entre las y los ciudadanos, en correspondencia con los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de Nicaragua, y fomenta la inclusión de los excluidos, su participación en la toma de decisiones del Estado, remarcó.
“Una ley que trate a desiguales como iguales fomenta la discriminación”, señaló y recordó que más del 25 por ciento de los nicaragüenses padeció violencia de algún tipo en su vida.
La incidencia mayor de ese mal sobre niñas y mujeres justifica esa legislación y desmiente a quienes la presentan como promotora de la desigualdad: 92 por ciento de los casos por violencia procesados en los tribunales son contra la integridad física y/o emocional de ellas, informó.
RETOS
Con la Ley 779 “el Estado de Nicaragua dijo no más violencia hacia las mujeres, acorde con el mandato constitucional que tiene de eliminar las barreras para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de ellas”, declaró a Prensa Latina la procuradora especial de la Mujer, Débora Grandinson.
“Ya no se está tolerando el irrespeto a los Derechos Humanos de las mujeres y se está trabajando por restituirles todos los que le corresponden”, añadió y reconoció que una cuestión por acabar de pulir es la prevención.
Los recursos estatales están llegando para que la ley funcione, pero “somos nosotros los que tenemos que trabajar porque ese cuerpo jurídico funcione, adoptando todas las medidas posibles”, reflexionó.
En cuanto a lo que Alba Luz Ramos calificó de reacción tardía a la Ley 779 consideró que “lo que hay es resistencia porque los agresores se ven amenazados ante la decisión estatal de enfrentarlos, con lo cual muchas mujeres pierden el miedo de formalizar las denuncias en su contra”.
La violencia salió del ámbito privado y lo que se pretende es que las mujeres no sigan callando, enfatizó y dio por hecho que las nicaragüenses no permitirán avanzar a quienes procuran derogar o cambiar la normativa.
Elia Margarita Palacio, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, insistió en que resulta medular defender esta ley para garantizar a las mujeres el derecho a una vida sin violencia, porque mientras algunos buscan desactivarla o reformarla, más mujeres siguen muriendo.
“La Ley 779 sólo pretende el respeto mutuo, equidad de género y proteger la vida de las mujeres”, ratificó y desde su experiencia por tres años como sicóloga en la Comisaría de la Mujer en el departamento de Masaya sentenció que “cuando una de ellas denuncia es porque tiene un historial de violencia sufrida”.
Esta ley es importante porque en la medida en que sea mejor aplicada propulsará el desarrollo de la nación, porque “si hay violencia no podemos hablar de igualdad”, opinó la diputada Irma Dávila.
Por su parte, Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, recordó que todavía son elevadas las muertes por razones de género y debe definirse respecto a la insistencia de algunos sectores en modificar la 779.
Cuestión pendiente por resolver, en la que coinciden esas agentes del gobierno y de la sociedad civil, es en la necesidad de destinar mayor cantidad de recursos para su efectiva aplicación.
Todas reconocieron el valor del anuncio del presidente Daniel Ortega, quien aseguró que antes de finalizar 2013, los 153 municipios del país tendrán Comisarías de la Mujer para la atención integral a las víctimas de violencia y alentó a fortalecer el respaldo institucional a las nicaragüenses.
No obstante, sigue latente el reto mayor: desarrollar nuevos valores y desarraigar el modelo de violencia contra las mujeres resultado de más de cinco siglos de patriarcado, sugirió el diputado y jurista Carlos Emilio López.
“En la medida en que los hombres desaprendamos esa cultura de violencia se va a disminuir el fenómeno del maltrato hacia las mujeres”, reflexionó respecto a ese flagelo, identificado por la Organización Mundial de la Salud como “problema de salud global de proporciones epidémicas”.
Más de un tercio de las mujeres en el mundo son víctimas de violencia física o sexual, y la gran mayoría son atacadas o sometidas a abusos por sus maridos o novios, reveló un informe de junio de 2013.
Publicado en http://www.agenciapulsar.org/ por Isabel Soto Mayedo el 2 de julio del 2013.
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