El gobierno de Nicaragua informó ayer(jueves) en Managua (capital) que extenderá sus unidades básicas de Comisarías de la Mujer a aquellos municipios en los cuales la Policía Nacional carece aún de infraestructura adecuada para atender a las víctimas de violencia.
La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, integrante del gabinete presidencial, Rosario Murillo, dijo que a finales de julio estarán listas 99 nuevas instalaciones con ese propósito, en territorios de las dos regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur, así como en localidades pertenecientes a los departamentos de Matagalpa y Jinotega.
La también primera dama recordó que el programa forma parte del compromiso en torno a la restitución de derechos ciudadanos que promueve la administración del presidente Daniel Ortega.
Las comisarías facilitan el establecimiento de denuncias cuando son vulnerados aspectos esenciales de la condición humana, lo que debe favorecer el respeto en la convivencia familiar y comunitaria, comentó.
“El primer derecho que tenemos las mujeres es reconocernos como seres humanos con dignidad, autoestima y estimación, y esas comisarías son necesarias por el momento que vive nuestro desarrollo cultural”, subrayó Murillo.
En tanto, a escala nacional continúan los debates sobre la Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer, una norma aprobada en 2012 por amplia mayoría parlamentaria, pero sujeta a cuestionamientos de algunos sectores.
La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Irma Dávil, indicó ante periodistas que la Ley Contra la Violencia hacia la Mujer es un cuerpo jurídico que no plantea conflicto constitucional alguno, pero resulta conveniente examinar su aplicación e interpretación, y ello puede hacerse mediante un protocolo por parte de la Corte Suprema de Justicia.
A juicio del diputado Carlos Emilio López, el debate mediático sobre el tema refleja la existencia de posturas que justifican, permiten y ven como natural la violencia contra las mujeres, mientras otras posiciones exigen cero tolerancia frente a cualquier acto de abuso o agresión contra ellas.
Datos suministrados recientemente por el Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua (MAMN) indican que en lo que va del año hay registro oficial de 8 mil denuncias, pero alertaron sobre un subregistro próximo a los 36 mil casos de violencia hacia la mujer.
El MAMN realizó a fines de abril pasado un “plantón” frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, para exigir que se declare la constitucionalidad de la ley 779, mientras su presidenta, Juanita Jiménez, definió el cuerpo jurídico como “un instrumento legítimo, válido, que garantiza la vida de las mujeres y que va a asegurar que poco a poco la sociedad vaya erradicando ese machismo” que ha segado ya demasiadas vidas.
Publicado en www.mkservicios45.com el 3 de mayo del 2013.
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