10 de agosto de 2013

Unidad de acción contra la violencia en Nicaragua, significa diputado


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   La unidad de acción en temas medulares como el combate a la violencia contra las mujeres distingue al modelo de gobierno impulsado por el sandinismo en Nicaragua, significó hoy el diputado Carlos Emilio López.
   Todos los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo, y Judicial- están haciendo algo a favor de ellas en este país, donde constituyen 52 por ciento de la población, declaró a esta corresponsal.
   Para el destacado jurista, reconocido como uno de los padres del Código de la Niñez en este país, “Nicaragua vive uno de los mejores tiempos de gobernabilidad y de institucionalidad, porque los poderes del Estado están trabajando armónicamente”.
   “Antes existían pugnas entre los distintos poderes y cada uno actuaba según sus propias determinaciones, lo cual llevaba a que el país prácticamente no avanzara”, recordó.
   En cambio, añadió, todos ellos ahora están haciendo cosas para prevenir, sancionar y atender la violencia al interior de la familia y desde el gobierno en particular existen múltiples programas orientados a propiciar la transformación en ese orden.
   Desde el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia, ejemplificó, existen las Escuelas de la Familia, la Red de Promotorías Solidarias, el Programa del Adulto Mayor, la Dirección de Restitución de Derechos de la Niñez, el Programa contra la explotación sexual y trata de personas, entre otros.
   Estos y otros programas sociales ya no dependen de la cooperación internacional, sino que son implementados a partir de fondos públicos, lo cual es otro cambio sustancial del modelo sandinista de desarrollo, destacó.
   “La voluntad política de un gobierno se mide por los recursos que destina a temas como estos y en ello el de Nicaragua es ejemplo, pese a la escasez de recursos para revertir la herencia recibida”, afirmó.
   El también sociólogo y teólogo explicó que “el legado patriarcal, androcéntrico y masculinizante prevaleciente acumula más de cinco siglos, nos lo trajeron los colonizadores españoles”.
   Esa visión de las relaciones entre los sexos se ha venido perpetuando, reproduciendo, interiorizando, en la misma medida que el desprecio del cuerpo de las mujeres y el verlas como objetos, agregó.
   El mestizaje fue un producto de la violencia, expresó y aludió a “como los europeos vinieron y tomaron el cuerpo de nuestras mujeres, de nuestras tatarabuelas, y nosotros somos el resultado de esa violencia”.
   Eso lo tenemos muy arraigado y cambiarlo precisa de mucha labor educativa, ideológica, de concientización, de sensibilización, reflexionó el especialista en esos temas.
   “En Nicaragua se está construyendo un modelo que, desde los nombres de los programas sociales implementados en pos de la restitución de derechos, apuntan a esa dirección y rescatan valores a partir de sus nombres y de sus contenidos”, opinó.
   Entre esos planes destacó el Amor por los más chiquitos y el Usura Cero, basados en políticas de desarrollo humano, de capacidades, en beneficio de los infantes más pequeños y de las mujeres.
   Con respecto a la polémica entorno a la Ley integral contra la violencia hacia la mujer y de Reforma a la Ley 641 Código Penal aseguró que “no hay presentada a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma a esta”.
   Por tanto, remarcó, esta es vigente y debe ser aplicada como tal, sin mediaciones en violencia sicológica, física, sexual, patrimonial, laboral, femicidio, misoginia o de otro tipo con respecto a las mujeres.
   López definió que la Ley 779 es parte consustancial del Código Penal de Nicaragua y criminaliza todas las formas de violencia contra las féminas.
   Esta “toca algo que está interiorizado en la mente de casi todos los hombres nicaragüenses, que la violencia debe ser tolerada y esa norma jurídica declara lo contrario: cero tolerancia contra esta”, enfatizó.
   El legislador subrayó que “la Ley 779 no pretende erigir a las mujeres sobre los hombres, sino desmontar las condiciones culturales, sociales y jurídicas que por siglos les ha permitido a estos estar por encima de ellas, en relaciones de poder, dominación, explotación y subordinación”.
   Ese cuerpo jurídico, aprobado hace un año, “es coherente con la Constitución Política de la República, ya que todo su articulado está tejido y fundamentado en un catálogo de derechos establecidos en la Carta Magna”, coincidió con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
   Una equipo conformado por ese máximo tribunal validó la constitucionalidad de la Ley 779 y descartó su supuesto sesgo discriminador con respecto a los hombres en Nicaragua.
   Lejos de desunir, ese cuerpo legal apunta a crear relaciones de justicia, igualdad, equidad, solidaridad, horizontalidad y democracia entre hombres y mujeres, reiteró López e hizo referencia a las sanciones establecidas por el mismo contra las distintas formas de violencia que se manifiestan en los ámbitos privados y públicos.
   Sin embargo, la Ley 779 no es sólo de carácter punitivo y sancionador: “contrario a lo que pretenden hacer ver sus detractores tiene otros componentes como la prevención a la violencia y la atención sicosocial y en salud a las mujeres que son agredidas”.
   Para la aplicación efectiva de esa ley, rememoró, el gobierno sandinista creó la Comisión Nacional Interinstitucional y un Observatorio estatal para seguir la problemática, en tanto espera construir en 2013 las Comisarías de la mujer en los 153 municipios para la atención integral a las víctimas de violencia.

Publicado en http://isabelsotomayedo.blogia.com/  por Isabel Soto Mayedo el 4 de julio del 2013.

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