Mientras la Asamblea Nacional crea una comisión para analizar posibles cambios en el Código de la Niñez y la Adolescencia, organizaciones civiles hacen revisiones de la situación y propuestas, dado que grupos universitarios exigen su reforma tras la muerte de un estudiante a manos de adolescentes.
Además de las observaciones de la Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia, Codeni, la Coordinadora Evangélica para Asuntos Políticos y Sociales, Cepas, elaboró algunas consideraciones y se reunió con el exprocurador de la niñez, Carlos Emilio López.
El observatorio de los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia nicaragüense de la Codeni, presentó una serie de datos con los cuales analiza las políticas sociales relacionadas con la niñez y la adolescencia nicaragüense en conflicto con la Ley.
El informe señala que en Nicaragua los adolescentes de entre 13 y 18 años no cumplidos equivalen a 623,091 habitantes, el 28% de la población. De estos, en 2010 se registraron 3,360 casos de Administración de Justicia Penal en Adolescentes, es decir, menos del 1% de este grupo infringe la ley.
Según el informe 2011 de Unicef, los adolescentes que corren un mayor riesgo de entrar en conflicto con la ley son a menudo “producto de difíciles circunstancias familiares, que podrían incluir la pobreza, la ruptura familiar, el abuso de los progenitores o el alcoholismo, ausentismo escolar, falta de empleos productivos, entre otros”.
Así, de acuerdo con los indicadores psicológicos de adolescentes que estuvieron en conflicto con la ley en 2010, los mismos provienen de familias monoparentales, sin cuido de ninguno de los progenitores, que viven violencia intrafamiliar y con frecuencia consumen drogas.
Además, los principales delitos que cometen los adolescentes son robo agravado, robo con violencia, robo con intimidación, robo con fuerza, lesiones y en menor medida los asesinatos, homicidios y violaciones.
Jóvenes excluidos y marginados
En 2010, los adolescentes privados de libertad no superaron los 240 casos.
Alegan que la ausencia de políticas sociales dirigidas a los adolescentes y jóvenes los ubica en una posición de exclusión y marginación social, por tanto, los principales indicadores que miden el desempeño de las intervenciones públicas son alarmantes.
“La salida no está, entonces, en reformar, sino en resolver los grandes problemas de inequidad y de marginación”, indican.
Por su parte, la Cepas, integrada por 15 organizaciones con presencia y expresión nacional, planteó el documento la Reforma al Código de la Niñez o Transformación de la Generación Adulta, en el que considera oportuno compartir su visión sobre el tema desde una perspectiva bíblica, de justicia y de equidad ciudadanía, teniendo en cuenta que nuestros niños y adolescentes son el reflejo de nuestros hogares.
Comentan que en todo análisis o discusión sobre el tema, debe estar presente la situación de las víctimas, que no sólo quedan en un estado de impotencia e indefensión, sino que sufren secuelas irreparables.
“Somos del criterio que si el factor tiempo se está convirtiendo en una coraza para la impunidad, entonces sí se debe modificar el período de la condena, estando claros de que no es la cantidad de años en la cárcel la que cambia o transforma, sino la experiencia y la voluntad de cambiar”, expresa el comunicado.
El Cepas menciona que en todo el proceso evaluativo y en la reforma en sí, deben primar tres elementos: en primer lugar, evitar que la pena de seis años sirva de base para la impunidad; además, que el objetivo central debe ser el rescate integral de la juventud, tarea en la que todos los sectores de la sociedad debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad.
Publicado en El Nuevo Diario por Rafael Lara el 24 de Junio de 2011
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