9 de octubre de 2010

Menores presos víctimas de violación de derechos

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Carlos Emilio López, Procurador Especial para la Niñez y la Adolescencia.


Una serie de violaciones a los derechos humanos, sociales y procesales de los adolescentes privados de libertad en las diferentes delegaciones policiales del país, es lo que concluyó el estudio “Cara o sol”, realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Casa Alianza.

El estudio se realizó desde 1999 hasta el 2001, tiempo en el cual se encuestaron a 85 adolescentes que se encontraban privados de libertad en las 18 delegaciones policiales del país, correspondientes a los 11 departamentos.

Según Carlos Emilio López, Procurador Especial para la Niñez y la Adolescencia, en el sistema de justicia nicaragüense “se desconoce que el único derecho que se pierde cuando un adolescente es detenido es a la libertad de movilización y el resto de derechos humanos continúan vigentes”, afirmó López. 


CONDICIONES INFRAHUMANAS

El estudio abarcó desde el momento en que el adolescente fue detenido por los agentes policiales hasta el desarrollo de su situación legal, asimismo, indagó las condiciones en que el adolescente vivía antes de su detención y dentro de la celda.

“Los adolescentes son privados de libertad en celdas que no tienen ventilación, ni luz eléctrica. Hay hacinamiento y muchas veces están junto a personas adultas, donde hacen sus necesidades fisiológicas y sin agua potable”, aseguró.

El 43 por ciento de los encuestados opinó que las celdas en las que se encuentran ubicados están en condiciones “pésimas”; el 20 por ciento “malas” y otro 20 por ciento consideran que son “regulares”.

Con respecto a la pregunta de ¿Con quiénes estás en la celda? El 72.9 por ciento de los encuestados respondió que se encontraban con adolescentes y el 24.7 por ciento con personas adultas. 


VIOLACIONES JUDICIALES

López manifestó que además de las violaciones a los derechos humanos, los adolescentes sufren violaciones judiciales, al no ser llevados en el término establecido a declarar y muy pocas veces asignarle su derecho a defensa.

“Son remitidos a la orden del juez en 3 ó 4 días cuando debe ser a las 24 horas. Además son juzgados por la justicia ordinaria cuando debe de ser por jueces especiales de adolescentes”, afirmó el Procurador Especial.

El 10.6 por ciento de los adolescentes encuestados no había sido llevado a declarar a los tres días de la detención, lo que se convierte en una detención ilegal de acuerdo al código de la niñez. 



Publicado en La Prensa por Maryórit Guevara Gutiérrez el 14 de septiembre del 2002

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