Cinco niños nicaragüenses de entre cinco y doce años
residen de forma irregular con tres familias españolas. La Embajada en
Managua rechazó legalizar sus adopciones, solicitadas cuando los
pequeños ya estaban en España, por considerarlas fraudulentas. La
Fiscalía de Menores de Badajoz estudia uno de los casos y se ha puesto
en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, donde
residen los otros cuatro niños, hermanos. Las familias afectadas
defienden su inocencia. "Pensamos que todo era legal", afirman. Las
autoridades nicaragüenses investigan la presunta falsificación de
documentos y el papel "sospechoso" de una autoridad judicial local.
Las autoridades españolas y nicaragüenses han
comenzado a investigar la situación irregular de los cinco menores,
sobre la que alertó la Embajada de España en Managua. La legación
comenzó a actuar en septiembre del año pasado, cuando un abogado
nicaragüense intentó legalizar la adopción de cuatro hermanos (nacidos
entre 1991 y 1998). Para ello aportó un contrato hecho ante notario
según el cual los padres cedían la patria potestad de los cuatro
hermanos a una persona residente en Baleares, según informa la Oficina
de Información Diplomática (OID). Los niños ya se encontraban en España.
El
abogado pretendía que el cónsul inscribiera ese contrato notarial en el
Registro Civil español. El diplomático se negó, ya que la legislación
española prohíbe las cesiones de patria potestad hechas de forma privada
y sin la intervención de un juez. Además, en Nicaragua (uno de los
países más pobres de América) existe una moratoria para las adopciones
internacionales desde 1997. Según su legislación, para la adopción o el
acogimiento es preciso el abandono previo del menor.
El mismo abogado
En
febrero de este año, el mismo abogado acudió de nuevo a la embajada
para legalizar otra cesión de patria potestad hecha ante notario, según
la OID. Se trataba de la de una niña (nacida en 1997) en favor de una
familia residente en Extremadura con la que ya convivía. El cónsul se
negó y advirtió de la situación a las autoridades españolas y
nicaragüenses.
En Nicaragua, la Policía Nacional, el Ministerio de
la Familia y el Ministerio Público (Fiscalía) han tomado cartas en el
asunto. Según el Procurador especial de la Niñez, Carlos Emilio López,
"es evidente que hay irregularidades administrativas y legales en la
forma en que los niños salieron del país". Los cinco pequeños proceden
de la provincia nicaragüense de León. Según el Procurador, un juez local
de un municipio de esa provincia "autorizó la salida y decretó quitar
la guarda y custodia de los niños a los padres". "Es sospechoso que esa
misma autoridad judicial haya viajado a España. Presumimos serias
violaciones a los derechos de la niñez", añade.
Los primeros menores llegaron a Baleares en diciembre de 1998, poco después de que el huracán Mitch
arrasara buena parte de Nicaragua. Se trataba de cinco niños (una bebé,
una niña de año y medio, otra de cuatro, un niño de siete y una niña de
10). Viajaban acompañados de su madre y de una empresaria de Baleares.
Esta última, que pide silenciar su nombre, había acudido como voluntaria
al país centroamericano tras el desastre. "Un sacerdote me pidió que
ayudara a la madre y a los niños, que estaban en una situación terrible,
y que me los trajera a España", relata. "Le pedí que todo fuera legal.
Yo pensaba dar empleo a la madre en mi negocio y ayudarla a sacar
adelante a sus hijos", añade. La voluntaria tenía un documento notarial
por el que los padres de los niños le concedían a ella "el cuidado,
crianza, educación y representación" de los cinco menores. Al cabo de
unos días, la madre decidió volver a Nicaragua con las dos niñas mayores
y se negó a llevarse a los otros tres, según el relato de la
voluntaria. "Me tuve que encargar de ellos. Venían en muy malas
condiciones. Los mayores, llenos de cicatrices. Para atenderlos tuve que
vender mi negocio", relata la mujer. Entonces pidió al sacerdote que
legalizara la cesión de la custodia de los tres pequeños. Recibió ese
acta notarial en 1999. Lleva el sello del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de la Corte Suprema de Nicaragua y una página grapada con un
sello de la Embajada de España.
Segundo viaje
En
2002, la empresaria volvió al país centroamericano para una tarea de
cooperación en el pueblo de los menores, Quezalguaque. Según su relato,
la mayor de las niñas que había regresado con su madre le pidió que se
llevara de nuevo a España a la más pequeña porque la cría, de seis años,
trabajaba de criada y sufría abusos, afirma la voluntaria. Por
indicación de la juez local, una abogada acompañó en el viaje a la
pequeña, que fue acogida en Baleares por un matrimonio amigo de la
empresaria, explica ésta. Añade que esa pareja dispone de un documento
de cesión similar al suyo.
Poco después, la juez de Quezalguaque
alertó a la cooperante de que otra niña (de la ciudad de León) se
encontraba en mala situación. Por un amigo común, la empresaria contactó
con un matrimonio extremeño deseoso de adoptar. La juez y un notario
nicaragüense trajeron a la niña a Extremadura en septiembre de 2002.
"Ellos nos aseguraron que todo era legal", dice la pareja que se hizo
cargo de la niña. El documento que les otorga la custodia lleva el sello
del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Corte Suprema.
Las
familias niegan que se les haya pedido dinero a cambio de los niños y
aseguran que actuaron de buena fe, con la creencia de que todo era
legal.
En manos de los fiscales
La Fiscalía de Menores de Badajoz,
alertada por la Junta de Extremadura, ha abierto un expediente de
protección para determinar la situación de la pequeña nicaragüense que
convive con un matrimonio extremeño. Ha constatado que la menor se
encuentra bien atendida, según fuentes de la Fiscalía pacense. La pareja
ya ha prestado declaración.
En la Fiscalía de Badajoz añaden que
el encargado del caso ha enviado un escrito a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares para que averigüe la situación de los
otros cuatro hermanos nicaragüenses que residen en esa comunidad.
Por
su parte, el padre de los cuatro niños, Hilario Manuel P., denunció el
pasado 13 de agosto ante la policía que sus hijos y su esposa, Isabel
H., habían viajaron a España en diciembre de 1998 con dos mujeres
españolas. Añadió que, 15 días después, la madre regresó sin los niños,
según el diario nicaragüense La prensa.
El padre justificó
el retraso de cuatro años en denunciar lo ocurrido con el argumento de
que consideró que sus hijos estarían mejor cuidados en el extranjero.
Según el diario, el padre y la madre tienen antecedentes con la
justicia.
Aunque las autoridades españolas consideran que se trata
de casos aislados, el cónsul de España en Nicaragua, Manuel Selas,
afirma: "Ignoramos si hay más menores en esta situación, pero
sospechamos que no son los únicos casos". La legación ha informado a
Iberia y la compañía aérea, según Selas, ya ha rechazado diversos
embarques de menores nicaragüenses en los últimos tiempos.
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